«No somos guerrilleros, no representamos a la guerrilla ni a ningún grupo armado legal e ilegal, nadie nos representa, solo nos mueve el dolor, la rabia y la burla de los criminales que disfrutan de sus premios a costa de la tragedia de nuestras familias» Declaración de un grupo de 60 familiares de 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Meta, Colombia, concentrados frente a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá el 13 de noviembre de 2008.
Foto: Semana
Acción de denuncia y resistencia en el Ángel de la Independencia
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2008.
12 horas.
Hoy participamos en la jornada mundial convocada por personalidades públicas, organizaciones civiles y medios de comunicación en Colombia, para rechazar de manera categórica el secuestro. Nos unimos también para rechazar la desaparición forzada de personas y toda clase crímenes contra la población civil cometidos por el Estado en nuestro país. Son hechos que ocurren en el contexto de un conflicto político, social y armado. A todos los desaparecidos y a todos los secuestrados, hermanas y hermanos nuestros, les queremos en casa, vivos, libres y en paz.
Desde México, en nuestra calidad de víctimas y personas solidarias con la causa de las víctimas de crímenes cometidos por el Estado en Colombia, enviamos un saludo fraternal a las miles de familias y organizaciones sociales colombianas que han sufrido el dolor de la desaparición forzada y el secuestro. También a las miles de familias y organizaciones sociales víctimas de secuestros y asesinatos cometidos por las Fuerzas Militares y clasificados de manera falsa como guerrilleros o delincuentes, los acompañamos en su exigencia de conocer la verdad y procesar y condenar a todos los responsables de estos crímenes contra la humanidad.
Para todas y todos, nuestros afectos, nuestro cariño.
El Estado tiene una responsabilidad directa por la violación sistemática de los Derechos Humanos en Colombia, en el marco de la Constitución y del derecho internacional, pero existen prácticas violentas contra la población civil que son éticamente censurables vengan de donde vengan. En el sentido más humano, la comprensión del sufrimiento de otras víctimas nos llena de valor y nos confiere el poder para exigir el reconocimiento social de las víctimas de los crímenes de Estado, reclamar la igualdad de nuestros derechos ante la ley y demandar respeto por las organizaciones y los dirigentes que nos representan.
Sin embargo, después de un año de movilizaciones ciudadanas contra el secuestro, nuestra demanda de un reconocimiento claro e inequívoco del drama humanitario de millones de colombianos sigue sin ser escuchada. Es inaceptable que los poderes públicos encargados de garantizar el Estado Social de Derecho desplacen de sus tierras, coarten las libertades de asociación y conciencia, priven de la libertad sin orden judicial, afecten la integridad física y le quiten la vida a nuestros seres queridos, y que en Colombia exista un sistema político y jurídico que garantice la impunidad de los responsables de estas violaciones graves a los Derechos Humanos y oculte la responsabilidad del Estado frente a estos. Por ejemplo, la nueva ley de víctimas ha cambiado la noción de crímenes de Estado por la de “crímenes de agentes estatales” negando la ejecución sistemática de crímenes cometidos por el Estado.
Pero además resulta inexcusable que parte de la sociedad colombiana, en especial los gremios económicos, las clases medias urbanas y algunos medios de comunicación, sigan justificando/legitimando en nombre de “la guerra contra el terrorismo” y de la “seguridad democrática” crímenes horrendos contra nosotros y contra nuestras organizaciones políticas y sociales. Todos los días estudiantes, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, indígenas y campesinos son tildados como guerrilleros y delincuentes por manifestar en público su oposición e inconformidad con el régimen político, económico y social, y muchos de ellos son amenazados, desplazados, torturados, desaparecidos o asesinados.
Por eso hoy denunciamos la fragilidad de la memoria y la tolerancia de esta parte de la sociedad colombiana con las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado. Es fácil señalar a los más débiles y guardar silencio frente a la opresión y las injusticias de los poderosos. Es el caso del silencio de muchos colombianos y colombianas frente a los civiles secuestrados y asesinados por las Fuerzas Militares. Son miles de personas inocentes, cuyos cuerpos fueron manipulados y clasificadas como guerrilleros o delincuentes, por quienes el Estado pagó dinero o concedió prebendas a los asesinos. “La gente dice que eso es un positivo para el presidente Uribe y ellos se lo dan a costa de los hijos del pueblo, eso está pasando en todo el país”. Lo dice la madre de uno de los jóvenes asesinados en la Costa Atlántica colombiana en septiembre de 2007. ¿Dónde están las manos solidarias con las familias que en todos los rincones de Colombia claman por verdad y justicia? Reclamamos una visión crítica y amplia de la historia y del presente, abogamos por una visión que incluya las distintas realidades.
No son casos aislados. Existe un patrón sistemático de violación de los Derechos Humanos contra la población civil que debe ser juzgado como un crimen contra la humanidad. Hay cientos de testimonios publicados de los familiares de hombres y mujeres, niños y niñas, estudiantes, comerciantes, sindicalistas, campesinos, artistas, mendigos, personas con capacidades diferentes, incluso soldados que fueron secuestrados y asesinados por las Fuerzas Militares de Colombia para presentarlos como muertos en combate. ¿Dónde están las voces ciudadanas para exigir al gobierno que diga ya la verdad y juzgue a los responsables?
Nosotros, hoy, en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México, nos manifestamos de manera pública y pacífica en nombre de la vida, la alegría, la justicia y la libertad, contra la intolerancia, el militarismo y el autoritarismo que nos gobierna. “Aquí hay un pueblo digno” para rechazar el proyecto de muerte y cambiarlo por un proyecto de vida, “para que haya buena cosecha, para que haya un futuro bueno para Colombia”, como lo señalan las palabras que caminaron hasta aquí desde la Minga Indígena y Popular, reunida el 20 de noviembre de 2008 en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
¡Verdad, Justicia y Reparación integral!
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2008
Desde México, en nuestra calidad de víctimas y personas solidarias con la causa de las víctimas de crímenes cometidos por el Estado en Colombia, enviamos un saludo fraternal a las miles de familias y organizaciones sociales colombianas que han sufrido el dolor de la desaparición forzada y el secuestro. También a las miles de familias y organizaciones sociales víctimas de secuestros y asesinatos cometidos por las Fuerzas Militares y clasificados de manera falsa como guerrilleros o delincuentes, los acompañamos en su exigencia de conocer la verdad y procesar y condenar a todos los responsables de estos crímenes contra la humanidad.
Para todas y todos, nuestros afectos, nuestro cariño.
El Estado tiene una responsabilidad directa por la violación sistemática de los Derechos Humanos en Colombia, en el marco de la Constitución y del derecho internacional, pero existen prácticas violentas contra la población civil que son éticamente censurables vengan de donde vengan. En el sentido más humano, la comprensión del sufrimiento de otras víctimas nos llena de valor y nos confiere el poder para exigir el reconocimiento social de las víctimas de los crímenes de Estado, reclamar la igualdad de nuestros derechos ante la ley y demandar respeto por las organizaciones y los dirigentes que nos representan.
Sin embargo, después de un año de movilizaciones ciudadanas contra el secuestro, nuestra demanda de un reconocimiento claro e inequívoco del drama humanitario de millones de colombianos sigue sin ser escuchada. Es inaceptable que los poderes públicos encargados de garantizar el Estado Social de Derecho desplacen de sus tierras, coarten las libertades de asociación y conciencia, priven de la libertad sin orden judicial, afecten la integridad física y le quiten la vida a nuestros seres queridos, y que en Colombia exista un sistema político y jurídico que garantice la impunidad de los responsables de estas violaciones graves a los Derechos Humanos y oculte la responsabilidad del Estado frente a estos. Por ejemplo, la nueva ley de víctimas ha cambiado la noción de crímenes de Estado por la de “crímenes de agentes estatales” negando la ejecución sistemática de crímenes cometidos por el Estado.
Pero además resulta inexcusable que parte de la sociedad colombiana, en especial los gremios económicos, las clases medias urbanas y algunos medios de comunicación, sigan justificando/legitimando en nombre de “la guerra contra el terrorismo” y de la “seguridad democrática” crímenes horrendos contra nosotros y contra nuestras organizaciones políticas y sociales. Todos los días estudiantes, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, indígenas y campesinos son tildados como guerrilleros y delincuentes por manifestar en público su oposición e inconformidad con el régimen político, económico y social, y muchos de ellos son amenazados, desplazados, torturados, desaparecidos o asesinados.
Por eso hoy denunciamos la fragilidad de la memoria y la tolerancia de esta parte de la sociedad colombiana con las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado. Es fácil señalar a los más débiles y guardar silencio frente a la opresión y las injusticias de los poderosos. Es el caso del silencio de muchos colombianos y colombianas frente a los civiles secuestrados y asesinados por las Fuerzas Militares. Son miles de personas inocentes, cuyos cuerpos fueron manipulados y clasificadas como guerrilleros o delincuentes, por quienes el Estado pagó dinero o concedió prebendas a los asesinos. “La gente dice que eso es un positivo para el presidente Uribe y ellos se lo dan a costa de los hijos del pueblo, eso está pasando en todo el país”. Lo dice la madre de uno de los jóvenes asesinados en la Costa Atlántica colombiana en septiembre de 2007. ¿Dónde están las manos solidarias con las familias que en todos los rincones de Colombia claman por verdad y justicia? Reclamamos una visión crítica y amplia de la historia y del presente, abogamos por una visión que incluya las distintas realidades.
No son casos aislados. Existe un patrón sistemático de violación de los Derechos Humanos contra la población civil que debe ser juzgado como un crimen contra la humanidad. Hay cientos de testimonios publicados de los familiares de hombres y mujeres, niños y niñas, estudiantes, comerciantes, sindicalistas, campesinos, artistas, mendigos, personas con capacidades diferentes, incluso soldados que fueron secuestrados y asesinados por las Fuerzas Militares de Colombia para presentarlos como muertos en combate. ¿Dónde están las voces ciudadanas para exigir al gobierno que diga ya la verdad y juzgue a los responsables?
Nosotros, hoy, en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México, nos manifestamos de manera pública y pacífica en nombre de la vida, la alegría, la justicia y la libertad, contra la intolerancia, el militarismo y el autoritarismo que nos gobierna. “Aquí hay un pueblo digno” para rechazar el proyecto de muerte y cambiarlo por un proyecto de vida, “para que haya buena cosecha, para que haya un futuro bueno para Colombia”, como lo señalan las palabras que caminaron hasta aquí desde la Minga Indígena y Popular, reunida el 20 de noviembre de 2008 en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
¡Verdad, Justicia y Reparación integral!
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2008
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